jueves, 9 de febrero de 2017

EL BOCHORNO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


En el andén

Blog de Melchor Miralles en Republica.com


El bochorno del Tribunal Constitucional


Constitucional
El próximo viernes, 10 de febrero, termina el plazo que se concedió el Senado para que los parlamentos autonómicos propongan candidatos a los cuatro puestos del Tribunal Constitucional (TC) cuya renovación corresponde a la cámara alta. De este modo, el proceso para abordar de una vez la renovación de un tercio de los 12 miembros del TC, que en este caso afecta a su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, a la vicepresidenta, Adela Asúa y al magistrado Ricardo Enríquez, ya que el cuarto es la vacante del fallecido Luis Ignacio Ortega, debiera llegar a su punto final, con enorme retraso una vez más. Leer +


El TC, encargado de interpretar la Carta Magna, es una institución desprestigiada que no responde a criterios jurídicos e institucionales, y que se ha convertido en un instrumento de la batalla política entre los partidos, esencialmente PP y PSOE, que ofrecen cada poco un bochornoso espectáculo de mercadeo político con una de las instituciones esenciales del andamiaje de nuestro Estado de Derecho. Ninguno de los magistrados que llegan al TC lo hacen como consecuencia de sus méritos y cualificación jurídica (y la tienen, sin duda), sino en la medida que sus perfiles se adaptan a los requerimientos de fidelidad que exigen los partidos mayoritarios, y a veces los minoritarios si le interesa al Gobierno de turno.
Esta vez los más cándidos teníamos la esperanza de que, a la vista de la situación política, tan diferente y que fuerza a los partidos a modificar sus actitudes, se llevara a cabo una selección con criterios profesionales y técnicos, dejando a un lado las filiaciones políticas y las fidelidades ideológicas, y, además, que, de una vez por todas, y respetando la ley, fueran los 12 miembros del tribunal quienes libremente eligieran a su presidente y vicepresidente. Pero no. La cosa ha sido más vergonzosa, lamentable y obscena que nunca. Mientras Ciudadanos ha optado, acertadamente, por autoexcluirse de show, el PSOE trata de colocar a Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general del estado del zapaterismo. El PP parece renunciar a que Andrés Ollero presida el TC por haber sido diputado previamente, además de por su activismo en el Opus. Y aparece el nombre de Juan José González Rivas como posible candidato a la presidencia de consenso entre PP y PSOE. El nombre de la catalana Encarnación Roca suena como vicepresidenta. Pero no es descartable que, si no hay acuerdo, incluso Roca pueda ser presidenta.
En medio de este chalaneo, ayer, la vicepresidenta Adela Asúa, declaró a la cadena SER que es “totalmente improcedente” que el PP y el PSOE pacten la renovación sin esperar siquiera que lleguen las propuestas del Senado, y sin buscar el consenso de todos los partidos, “que es fundamental para la credibilidad y el respeto del Constitucional, por lo que creo muy preocupante y un menosprecio a los parlamentos autonómicos que se hable de un acuerdo entre dos partidos antes de que haya candidatos”. Va sobrada de razón Adela Asúa, pero igualmente improcedente fue su designación, objeto del mismo trapicheo que el actual, porque el problema viene de lejos.
Un espectáculo como se trajinan la presidencia antes de haber sido designados los cuatro magistrados que faltan. Una indecencia que deja aún más por los suelos a la institución. Es igual quienes sean finalmente los agraciados. El prestigio del Tribunal es difícilmente recuperable.
El TC está herido de muerte desde que Felipe González forzó una sentencia sobre el Caso Rumasa que avalara la decisión de Miguel Boyer de expropiar el grupo de Ruiz Mateos. Hubo empate a 6 en la votación y González obligó al presidente, Manuel García Pelayo, a resolver de modo favorable al Gobierno, lo cual terminó por sumir al cobarde presidente en una depresión que le llevó a regresar al exilio venezolano, hasta fallecer en Caracas en 1991.
A día de hoy esperamos aún sentencia del TC sobre la ley del aborto del PP tras ser presentado un recurso en junio de 2010. Recordemos que tardaron cuatro años, con las consecuencias ya conocidas, en resolver sobre el Estatuto de Cataluña. Los ritmos de los fallos están siempre supeditados a los intereses políticos, normalmente del Gobierno de turno. Pero mucho ojo a lo que está sucediendo, porque el Tribunal que salga de esta renovación va a tener mucho que decir sobre uno de los principales problemas políticos que tenemos, el desafío independentista catalán, y no caben muchas bromas. Y menos ponerse estupendos los dos partidos de toda la vida en la defensa de la Constitución y más regeneración verdadera de nuestra política y separación de poderes verdadera. Pero no, son insaciables, y viven en el bochorno. Y se la bufa. Lo estamos viendo.
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