miércoles, 1 de febrero de 2017

PRE-JUICIOS Y PERJUICIOS PARALELOS






Pre-juicios y perjuicios paralelos

Imagine por favor, amigo lector, que un vecino envidioso le pone una denuncia acusándole de estafador, de quedarse con dinero de la Comunidad de Propietarios y de que, cuando fue Presidente de la misma, tomó un montón de decisiones para favorecer a su vivienda y perjudicar a todas las demás. Imagine también que dicha denuncia falsa llega a manos de un avispado periodista que trata de hacer méritos en su variopinta redacción, plagada de tipos caracterizados por disparar con la pluma, el micrófono o la cámara más rápido que en el Oeste americano. Imagine finalmente que el avispado periodista, conocedor de que es usted un personaje afín a una fuerza política contraria a la línea editorial de su periódico, decide publicar todo lo que dice esa falsa denuncia, transcribiendo las insidias lanzadas por su envidioso vecino sin comprobar ni verificar ninguna de ellas, lo que le resultaría muy sencillo simplemente hablando con el Administrador de la Comunidad. ¿Qué opinaría usted de ese comportamiento profesional, nada inhabitual en los tiempos actuales?
Es criticable la forma en que algunos hacen información en España sobre temas judiciales. Puedo comprender la hipersensibilización existente sobre la corrupción, o el morbo acerca de ciertos crímenes o desapariciones de personas o de las cantidades que ganan los futbolistas profesionales más famosos. Pero ello no justifica el modo en que determinados periodistas desarrollan juicios paralelos, tendenciosos y con la clara intención de perjudicar maliciosamente a los afectados, sobre asuntos que se están investigando o sustanciando ante la Administración Pública o ante los Tribunales de Justicia. Y no hablo de todos los periodistas y sus medios, y también sé que la culpa no es exclusivamente suya. Como ha escrito recientemente Javier Arroyo, Magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, “la responsabilidad no es sólo de los medios, sino de los jueces, fiscales y abogados, que deben evitar la “sobreactuación” que les llevaría a convertirse en los payasos del espectáculo”, para concluir “… realmente los jueces no trabajamos para que nos aplaudan, sino para servir a la Justicia, que es tanto como estar al servicio de los ciudadanos, de la Constitución y del Estado”.
No discuto el derecho de los medios de comunicación a informar sobre todos los acontecimientos que consideren de interés, incluyendo las investigaciones en curso. Eso es de cajón en un Estado de Derecho. Aunque no comparto la manera en que algunos lo hacen habitualmente. ¿Por qué algunos periodistas sólo recogen los argumentos de una de las partes cuando la ideología de la otra no coincide con la suya o la de su medio? ¿Por qué algunos investigadores o letrados filtran habitualmente datos parciales de las investigaciones, a veces en fase de secreto, para reforzar mediáticamente sus no siempre sólidos argumentos jurídicos? ¿Por qué algunos nunca contrastan las graves acusaciones que publican?  ¿Por qué determinados medios utilizan información obtenida de forma ilícita, o directamente proporcionada por conocidos delincuentes, para demonizar a determinadas personas o colectivos?
Esa forma prejuiciosa y altamente perjudicial de contar las cosas, que debería estar proscrita por cualquier libro de estilo o manual de ética periodística, genera una total falta de equilibrio informativo entre las partes contendientes. Y acaba produciendo, aparte de una condena mediática anticipada e irreparable para una de ellas, una perniciosa influencia sobre los acusadores y juzgadores. Quienes imparten justicia son humanos: van al supermercado, toman café en un bar, leen los periódicos, escuchan la radio y la televisión, oyen los comentarios de la gente…. Cada día sienten la presión popular que otros interesadamente van creando a su alrededor. Los malos juicios paralelos generan además expectativas en una opinión pública que tiene dos grandes desventajas: carece de conocimientos técnicos jurídicos, y sólo conoce la versión de una de las partes. Ciertos “periodistas de información judicial” cuentan a la gente sólo una versión de las cosas, la película que a ellos o a su empresa les interesa, sin proyectar de verdad el crudo documental de toda la realidad. No dejan que la entera verdad les fastidie una rentable noticia. Después llegan las frustraciones y perplejidades con algunas sentencias o resoluciones, ya que la Justicia suele acabar colocando las cosas en su sitio, tarde pero razonablemente bien. Y la aplicación práctica del derecho de rectificación es realmente inexistente.
¿A qué se debe esa lamentable forma de informar? En mi opinión, a tres causas fundamentales: La primera, los intereses de las empresas de comunicación. Los medios no contienen simple y neutra “información”, sino que portan además la opinión de una empresa, privada o pública. La gente no debe creerse algo a pies juntillas porque “lo ha dicho la tele” o “lo he oído en la radio”, ya que quienes de verdad lo dicen son empresas con intereses políticos o económicos muy concretos. La segunda, la frecuente connivencia de determinados periodistas con algunos encargados de ciertas investigaciones, produciéndose una anómala interdependencia de forma que “tú me cuentas cosas y yo defiendo tus argumentos”, marginando a la otra parte de la contienda judicial. Y así, la parte que se muestra más respetuosa con la Justicia -ya que no contribuye a las filtraciones sesgadas sobre el procedimiento- acaba siendo la más perjudicada ante la opinión pública y, a veces, en la propia resolución del asunto. Aquí, al revés que en el deporte, las sanciones no recaen en quien juega sucio, sino en quien juega limpio pues, aunque resulte finalmente exonerado, el calvario mediático deja maltrecha su imagen pública. Y la tercera causa, tal vez la peor de todas, es la inexistente formación jurídica y sobre todo ética de algunos periodistas, que demuestran ser capaces de cualquier cosa para intentar agradar a su editor o a su  público.
Todo esto resulta francamente decepcionante, aunque sería muy sencillo de solucionar. Sería suficiente aplicar los conocimientos adquiridos en la Universidad o los pomposos “Códigos éticos” de los que suelen alardear algunos medios. Pero ello nunca suele suceder, lo que induce a pensar que no estamos ante un déficit de ética individual sino ante un problema mucho mayor. Poca ética puede aplicar quien demuestra a diario que no tiene ninguna. Y luego se les hincha a algunos la boca pidiendo ejemplaridad a los políticos. No estaría mal que empezasen por ellos mismos.
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