miércoles, 8 de febrero de 2017

UN MODELO LABORAL FRACASADO

UN MODELO LABORAL FRACASADO

UN MODELO LABORAL FRACASADO

El Gobierno sostiene que la reforma laboral, que aprobó por Real Decreto-Ley el 10 de febrero de 2012, es la causa principal de la mejora de la competitividad de la economía, la creación de empleo y la reducción de desempleo. Ante las exigencias de UGT y CCOO y de la oposición parlamentaria de derogar las medidas laborales impuestas, sin respetar el diálogo social ni político, por la mayoría parlamentaria del PP y con el apoyo de CIU, Foro y UPN. El Gobierno afirma que derogar la reforma sería el mayor error de política económica en España. ¿Es cierto que la reforma laboral ha contribuido a esos éxitos y mejoras? Leer +



Los objetivos que el Gobierno declaraba perseguir con su reforma laboral se pueden consultar en el documento “Las reformas del Gobierno Español” (septiembre de 2012) del Ministerio de la Presidencia-Secretaría de Estado de Comunicación. Bajo el epígrafe “Reformas Estructurales para la Competitividad”, se explicaba la necesidad de llevar a cabo reformas económicas estructurales para hacer más flexible y competitiva la economía. La reforma laboral era calificada de ambiciosa y profunda y se situaba como objetivo principal frenar la destrucción de empleo y sentar las bases para un nuevo modelo de relaciones laborales.
Para ello se plantean entre otras medidas: favorecer la empleabilidad, reformar el sistema de intermediación laboral y cambiar el sistema de formación para el empleo; facilitar la flexibilidad interna y dotar de primacía al convenio de empresa; fomentar la contratación y el empleo indefinido, un nuevo contrato de apoyo a los emprendedores y medidas para facilitar los despidos individuales y colectivos con la justificación de reducir la dualidad. Todo ello lo explicó el ministro de Economía (Luis de Guindos) al comisario de Asuntos Económicos de la UE (Olli Rehn): “Será extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la negociación colectiva y reducimos las indemnizaciones por despido”.
Cuando se van a cumplir cinco años de la entrada en vigor de la reforma laboral, podemos hacer una valoración de sus efectos sobre la economía, el empleo y la sociedad. El pasado 26 de enero se dieron a conocer los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA) del INE, correspondiente al 4º trimestre de 2016, lo que nos posibilita ver la evolución del empleo y desempleo desde diciembre de 2011, período anterior a la aprobación de la reforma laboral. El desempleo se ha reducido en 1’050 millones de personas, la tasa ha descendido del 22’56% al 18’63% y el número de ocupados en ese período se ha incrementado en 350 mil personas. Todo ello ha llevado a la Ministra de Empleo y Seguridad Social (Fátima Báñez) a resaltar que es la mayor bajada del desempleo desde el inicio de la recuperación y al Presidente del Gobierno a insistir en que España alcanzará los 20 millones de personas ocupadas en el 2020, para lo que considera imprescindible continuar con sus políticas económicas y laborales.
Si examinamos con más detalle la EPA, vemos que en nuestro país se ha reducido el mercado laboral, la población activa ha caído en 694’4 mil personas desde 2011 y la tasa de actividad ha bajado del 60’29% al 58’95%. El paro de larga duración se ha elevado del 50% al actual 56%. La tasa de paro de las mujeres es un 3% superior a la de los hombres, cuando hace 5 años esa diferencia era solo de un 0’66%. La calidad del empleo ha tenido una evolución claramente negativa, ahora hay 315 mil trabajadores con contratos temporales más que en 2011, la tasa de temporalidad ha aumentado hasta el 26’47%, la más alta desde el 2008. La contratación indefinida no solo no ha aumentado, sino que se ha reducido en 81’1 mil personas.
En 2016 se han realizado 19.978’9 millones de contratos (según el SEPE), de ellos tan solo 1’713 millones han sido indefinidos (el 8’58%). Como han aumentado el número de ocupados en 413’9 mil personas, han hecho falta 48’2 contratos para cada puesto de trabajo creado, lo que nos da una idea del grado de rotación y temporalidad que sufre nuestro mercado de trabajo. El tiempo parcial ha pasado de representar el 13’5% al 15’3% actual, el 63’4% de los trabajadores declara que trabajan a tiempo parcial involuntariamente y tres de cada cuatro personas son mujeres.
Se ha reducido la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo en un 17’32%, por los recortes que el Gobierno aprobó también por Real Decreto-Ley en julio de 2012, siendo la tasa actual  del 52’33%. La inversión en las políticas activas de empleo (formación, orientación e intermediación) se ha recortado en 2.064 millones de euros desde 2011, a lo que hay que añadir las reducciones de los empleados de los servicios públicos de empleo. Los resultados son preocupantes a pesar del inicio de la recuperación económica desde el 2014, impulsada por factores externos (como la política monetaria del BCE y la bajada de los precios del petróleo) y totalmente ajena a la reforma laboral.
De los datos citados más arriba podemos resaltar los elementos que se han enraizado como resultado de las políticas económicas y laborales aplicadas en estos años, que ahondan en la dualidad y la segmentación del empleo y evidencian el fracaso de este modelo laboral. La precarización de las condiciones laborales, tanto para las personas con contratos temporales, como las que tienen contrato indefinido, los contratos temporales son cada vez más cortos (una cuarta parte tiene una duración máxima de una semana). Las medidas adoptadas para facilitar el despido han hecho los contratos indefinidos más precarios e inestables. Muchos son los efectos negativos: las desigualdades mujer-hombre, la parcialidad involuntaria, los falsos autónomos, los procesos de emigración en busca de oportunidades, el efecto desánimo entre los jóvenes y mayores, la caída de la cobertura de las prestaciones por desempleo o el déficit de la Seguridad Social provocado por la precariedad del empleo y los bajos salarios.
Se ha introducido inseguridad y conflictividad en las relaciones laborales y la negociación colectiva, por las inaplicaciones de los convenios, por las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, por la pretendida supresión de la ultraactividad y ante la imposición de la prevalencia del ámbito de empresa frente a los convenios sectoriales que dan cobertura a la mayoría de las empresas y trabajadores.
¿Qué ha conseguido entonces la reforma laboral? La respuesta la tienen clara sus defensores: ha mejorado la competitividad de las empresas, gracias a la devaluación salarial, a costa de la pérdida de peso de la remuneración de los asalariados a favor de los excedentes empresariales en el reparto del PIB. Casi seis millones de trabajadores tienen ingresos anuales inferiores al SMI, el conjunto de los trabajadores ha sufrido una pérdida salarial del 7’2%. Es preocupante que estos efectos hayan traspasado el mercado laboral y su impacto se haya asentado en los hogares, las familias han visto reducida su renta en un 9’7% desde 2011 y la población en riesgo de pobreza y exclusión alcanza el 28’6%.
No es esta la vía de competitividad que necesita nuestro país en el siglo XXI, nuestro sistema productivo debe de competir en innovación, diseño y calidad de productos, para lo cual son necesarias inversiones públicas y privadas en educación, formación, I+D+i, mejorando la calidad del empleo y la productividad. En ese patrón de crecimiento estable y sostenible económica y socialmente, hay que definir de forma consensuada a través del diálogo social y la negociación colectiva un marco de relaciones laborales equilibradas y participativas. Que se adapten a la internacionalización de las empresas, a las nuevas formas de organización del trabajo y de la producción y a la implantación de la digitalización de la economía. Para ello la derogación de la reforma laboral es prioritaria y urgente, pues sus medidas autoritarias y lesivas para los trabajadores son un freno para el desarrollo económico y el progreso social.
Un avance importante se ha producido con la proposición no de ley que el PSOE presentó en el Congreso de Diputados y fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y Cs. Se deben iniciar los trámites de la modificación de la reforma laboral en lo referente a las externalizaciones y subcontrataciones, para que se respeten a los trabajadores de las empresas de servicios las condiciones laborales de la empresa principal. Esta desigualdad existente entre empresas y trabajadores es el fracaso de la reforma laboral, al igual que las sentencias que la enmiendan en lo referente a los despidos, a las empresas de servicios, la ultraactividad y más recientemente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la equiparación de las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales con las de los trabajadores con contrato indefinido.
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