viernes, 31 de marzo de 2017

EL JUEZ DEL CASO PUJOL ARCHIVA LA PIEZA DEL "PENDRIVE" POR HABER SIDO OBTENIDO DE FORMA ILÍCITA

El juez del Caso Pujol archiva la pieza del "pendrive" por haber sido obtenido de forma ilícita

El auto del juez José de la Mata, de fecha 28 de marzo de 2017 (diligencias previas en el procedimiento abreviado 141/2012), acuerda, en el marco de la investigación abierta a la familia Pujol, archivar la pieza separada conocida como la del “pendrive”. Leer +


El juez excluye definitivamente todos los documentos incorporados a la causa a través de ese soporte informático, por haber sido obtenidos de forma ilícita; ahora bien, el magistrado  deduce testimonio a los juzgados de instrucción de Madrid por si los hechos cometidos por el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (Dao) y el funcionario de su Gabinete pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o falso testimonio o fraude procesal, sin perjuicio de ulterior calificación. Además, el magistrado acuerda deducir testimonio que se remitirá al Ministerio del Interior, “a los efectos disciplinarios, honoríficos u otros que correspondan en relación con el Dao y el funcionario de su Gabinete, sin perjuicio del resultado de la investigación”.

Doctrina del "caso Falciani"

Siguiendo la reciente doctrina del Tribunal Supremo en relación con el llamado “caso Falciani” De la Mata considera que las pruebas obtenidas de forma ilícita por quienes desempeñan funciones públicas deben ser excluidas de los procesos para evitar contaminaciones y que lejos de sobreproteger al presunto delincuente, de lo que se trata es de dejar claro, “singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad, que está prohibido hacer trampas”. Para evitar una “metástasis procesal”, señala De la Mata, “es preciso un permanente esfuerzo de saneamiento del proceso, excluyendo aquellos elementos de prueba con virtualidad contaminante”.
En su auto, el juez aclara: " la exclusión de la prueba ilícita del material valorable por el órgano decisorio forma parte de las garantías del sistema constitucional y es una exigencia ética ligada a la fuente legitimante de la función jurisdiccional", reglas que " cobran su genuino sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito".

Qué dijo el TS sobre la "lista Falciani"

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia, de fecha 9 de diciembre de 2015 (sentencia número 852/2015, ponente señora Álvarez Tejero), por la que aprecia la eficacia probatoria, a efectos de justificar una condena por un delito contra la Hacienda Pública, de los datos e información económica sobre el acusado contenidos en la conocida como Lista Falciani.
Esta lista fue sustraída por un empleado del banco suizo HSBC de las bases de datos de la entidad y entregada al Estado francés, el cual, a su vez, se la hizo llegar a las autoridades tributarias españolas.
En su sentencia, los magistrados concluyen que no puede considerarse que la incorporación al proceso por la Agencia Tributaria de los datos aportados por este ciudadano proceda de un acto que pueda reputarse delictivo en España, ni que dicha prueba vulnere el derecho a la intimidad del acusado, pues este derecho cede frente a otros derechos constitucionalmente consagrados, por lo que la prueba se considera lícita y eficaz como tal para enervar la presunción de inocencia.”
Posteriormente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sentencia 116/2017 de 23 de febrero, Rec. 1281/2016, confirmó la condena por omitir la tributación en IRPF de ingresos y rendimientos no declarados y ocultos en banco suizo. El Supremo declara la validez de las pruebas obtenidas a través de la “lista Falciani” al considerar que no se vulnera los derechos fundamentales de los acusados. La clave es que la persona que envía esta información es un particular desconectado de los aparatos del Estado que no buscaba prefabricar pruebas, sino obtener un lucro.
Lo que proscribe el art. 11 LOPJ es la obtención de pruebas ilícitas como prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito y en la búsqueda de la verdad. Los archivos comprometedores para los afectados no guardan conexión con la vulneración de los datos personales que protegían a los evasores fiscales. Regularidad de la cadena de custodia de los archivos informáticos.

En pieza separada para no contaminar la investigación

En su auto el magistrado explica todas las diligencias que se han practicado hasta el momento para acreditar el origen de los documentos incorporados en el pendrive entregado al Comisario Principal de UDEF, con documentos que contenían informaciones sobre Jordi Pujol Ferrusola. Se trataba de determinar si esos documentos fueron legítimamente obtenidos. El magistrado recuerda que el informe policial sobre esta documentación, por su origen dudoso, se mantuvo siempre en una pieza separada como medida profiláctica, para evitar contaminación de la investigación.

El contenido del pendrive se obtuvo lícitamente

Después de las diligencias practicadas, el juez concluye que no se ajusta a la realidad la afirmación de que los citados documentos proviniesen de la causa que se sigue en el juzgado número 14 de Barcelona y que tampoco de “mecanismos de cooperación policial, de inteligencia policial como también se llegó a afirmar porque Udef no ha podido acreditar ni causa judicial, ni base de datos policiales de donde provinieran los mencionados documentos.
Lo que sí en principio el juez considera probado es que los documentos fueron entregados a UDEF por una persona vinculada a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, “siguiendo instrucciones del Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional". El pendrive fue entregado al Comisario Jefe de UDEF.
De la Mata concluye que no ha sido posible conocer el origen y ubicación de los documentos incluidos en el pendrive, ni “quien los obtuvo y cómo, ni la cadena de custodia de los mismos”
La consecuencia de todo lo anterior, en aplicación de la nítida doctrina jurisprudencial anteriormente referida, no puede ser otra que la exclusión definitiva del procedimiento de todos los documentos incluidos en el pendrive que el DAO entregó a UDEF con indicaciones de que podía ser utilizado para su incorporación al procedimiento.
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