viernes, 28 de abril de 2017

"LOS FISCALES HEMOS PERDIDO LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN DOS MESES"

LEZO: EL PAPEL DE LA FISCALÍA "Los fiscales hemos perdido la confianza de la sociedad en dos meses"

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, asiste preocupado al escándalo de los ceses en Anticorrupción por parte de su nuevo responsable, Manuel Moix, quien es citado en las escuchas del 'caso Lezo'. Denuncia que se daña la credibilidad del Ministerio público

Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Foto: UPF
Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Foto: UPF


Álvaro García Ortiz (Lumbrales, 1967) asiste con preocupación al huracán que se sucede en la Fiscalía Anticorrupción, con una cadena polémicas que han puesto a los fiscales contra las cuerdas. En sólo 50 días, el nuevo responsable ha cesado a los fiscales que investigaron el 3% y ahora, ha intentado acabar con el fiscal del caso Lezo, una supuesta trama criminal liderada por Ignacio González, el popular expresidente de la Comunidad de Madrid
Fiscal de Medio Ambiente de Galicia, García Ortiz preside la asociación que representa a los fiscales progresistas de España, la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Considera que se contraponen dos modelos, el de poder concentrado y priorizando el principio de jerarquía, que parece presidir ahora el rumbo de la Fiscalía, y el que basado en unos fiscales coordinados, donde cada uno asume su responsabilidad. El primero lo permite el Estatuto Orgánico, pero la legislación actual no prevé los correspondientes contrapesos para evitar excesos.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, parece haber entrado como elefante en cacharrería en su nuevo cargo, con el supuesto cese/renuncia del fiscal principal del caso Lezo, Carlos Iañez.

Debemos reivindicar la profesionalidad de los fiscales, aún cuando discrepen de sus jefes, están en su derecho y nunca deberían verse sometidos a mas presión que las propias del caso que llevan. La falta de oportunidad de su nombramiento una vez conocido el tema de las escuchas contamina cualquier decisión que tome, por lo que el resultado de sus decisiones y la repercusión pública de las mismas son preocupantes, tanto por los delitos concretos investigados como porque se pone en cuestión la credibilidad de la Fiscalía.

¿Es cierto que ustedes alertaron al nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, antes del nombramiento de que Manuel Moix salía citado en las escuchas intervenidas a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid encarcelado en el caso Lezo quien quería promocionarlo a fiscal Anticorrupción?

No teníamos tantos detalles entonces, ni podemos contrastar siquiera que las escuchas digan eso, puesto que todo es reservado y secreto y lo que hay son filtraciones periodísticas. Lo que es interesante aclarar, una vez que se ha conocido esa conversación con el Fiscal General del Estado, es el contenido exacto de nuestra conversación con él.
Le trasmitimos un rumor, conocido por diferentes fuentes en la carrera, que afirmaba la existencia de unas conversaciones entre Ignacio González y otra persona en la que el salía el nombre de Manuel Moix y no eran muy favorables para él. Nos costó mucho transmitir algo así de un compañero, pues podíamos estar transmitiendo una insidia, o perjudicar las legítimas aspiraciones de un compañero, pero decidimos trasladárselo al Fiscal General del Estado con mucha precaución y por lealtad institucional. Confiando en que el tendría en su mano instrumentos para confirmar o descartar este rumor.

¿Cómo reaccionó Maza?

No puedo reproducir sus palabras, pero se mostró sorprendido y se lo tomó muy en serio.

Y al final le nombró para el cargo.

Ahí está. Pero es el Fiscal General quien debe explicar por qué, pese a conocer que el nombre de Moix salía citado en unas escuchas, decidió nombrarlo finalmente.

¿Es Moix una persona nombrada a instancia del Gobierno para hacer limpieza en Anticorrupción en los casos políticos, como se ha sospechado? En 50 días ha cesado a los fiscales que llevaron la corrupción del 3%, José Grinda y Fernando Bermejo; recuerda a Iañez que dijo que renunciaría...

No puedo afirmar eso, ni me lo puedo creer. No se puede afirmar eso de ningún fiscal. Otra cosa es que la apariencia de lo que está pasando esté dañando la credibilidad de la Fiscalía y de toda la profesión. Hay que diferenciar dos planos: el que surge de las apariencias y la realidad de los hechos. Hay que tomar cierta distancia de los hechos y quedarnos en que podíamos haber evitado, quizá con otras actitudes, una reacción tan explosiva como la que se ha producido.

Moix parece que se explica, pero las versiones de los hechos varían. ¿Fue un cese o una renuncia la del fiscal de Lezo que se había amparado en el artículo 27 del Estatuto Orgánico para requerir una orden por escrito en la que estaba en desacuerdo?

Eso habrá que verificarlo en el lugar que corresponda. Yo no estoy autorizado para trasladar a los medios la versión del afectado, pero quien plantea un artículo 27 no está renunciando a su cargo -si es que este es renunciable-, y no debería nunca trasladarse al mismo, ni siquiera de una manera accidental, que lo más conveniente es su marcha de una fiscalía.

¿Tan extraordinario es invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico como para llevarse por delante a un fiscal de Anticorrupción?

El artículo 27 es una garantía frente al principio de jerarquía que establece nuestro estatuto, mejor dicho, contra el mal uso de ese principio, pero lejos de ser de uso ordinario en la Carrera, es una autentica excepción.

¿Van a pedir explicaciones en el Consejo Fiscal? [El órgano máximo consultivo del Fiscal General]

El Fiscal General del Estado es el responsable de lo que ocurre en Anticorrupción y debe explicarnos, a nosotros y a la sociedad, cómo va a solucionarlo. Porque lo ocurrido se proyecta hacia el futuro, hacia todos nosotros, los fiscales, y necesitamos saber cual ha sido la actuación de la Fiscalía, y sobre todo, cual va a ser la proyección en el futuro.

¿Qué ocurre en esta fiscalía especializada? ¿Acaso no trabajan bien?

Desconozco el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción; sin duda un nuevo jefe tiene derecho a hacer ajustes, a imponer su organización y sus criterios. Pero partiendo de ello se puede hacer una reflexión mas profunda. Existen dos modelos de Fiscalía. El primero se basa en confiar en los profesionales, que asuman su responsabilidad, con un jefe que ejerce las funciones de coordinación, una especie de director de orquesta con excelentes solistas. Es el modelo que ha funcionado hasta hoy, seguramente con muchos aspectos que mejorar y otros que mantener. El segundo sería un modelo jerárquico absoluto, en el que cada paso debe ser supervisado y visado y existe un control absoluto por parte de la jefatura y por la escala jerárquica. Ese segundo modelo que se pretende imponer -el cambio hacia un modelo más jerarquizado- es el que provoca el choque. Se pretende concentrar el poder de la Fiscalía en una mano y sin contrapesos.

Moix dijo a sus fiscales que, a partir de ahora, él es el único portavoz de Anticorrupción...

Se está tratando de implantar un modelo, establecido y que permite el Estatuto Orgánico, y que a nosotros como UPF no nos gusta porque entendemos que el Estatuto no otorga herramientas suficientes para controlar la posibilidad de que existan excesos en el desarrollo del principio de jerarquía. Es un modelo piramidal con muy pocos contrapesos ante los excesos de poder.

La idea de otorgar la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía parece que ha quedado en cuestión.

Hemos perdido la batalla de la credibilidad. Nos hace mucho daño a todos los que trabajamos en la Fiscalía. Se ha hecho mucho daño a los fiscales Anticorrupción si cuestionamos su profesionalidad. A ellos, que han sido modelo de persecución de estos delitos, y del que no había precedentes en España, modelo por el que nos preguntan y exportamos a otros países; un trabajo que está siempre alimentando las resoluciones de los jueces de instrucción, especialmente en la Audiencia Nacional.

Entienda que ahora se desconfíe que los fiscales instruyan

Hemos perdido la confianza de la sociedad en dos meses y recuperarla va a costar mucho tiempo más. Toda esta polémica tiene un sentido positivo, porque nos alerta de que el modelo fiscal está mal construido. Esa es la reflexión positiva. Hay que transmitir a la sociedad el trabajo que hacemos los fiscales, hay que explicar y comunicar mejor, lo que hacemos en la base, y lo que se hace en los órganos centrales, porque nuestra credibilidad ha quedado cuestionada.

¿Se sienten representados actualmente por José Manuel Maza?

Representados como Carrera no. Es nuestro Fiscal General y tiene la representación legal que le otorga el estatuto; todos actuamos en nombre del Fiscal General, pero de ahí a que haya una identificación de la Carrera con quien ocupa su despacho en Fortuny [sede central de la Fiscalía, en Madrid] todavía no.

¿Y cómo asiste la carrera fiscal a este huracán?

Pues como espectadores incrédulos a lo que vemos en los medios de comunicación.

¿Van a dar consejos a los grupos parlamentarios sobre cómo tendría que funcionar la Fiscalía? El Congreso ha creado una Subcomision para idear una Estrategia Nacional de Justicia

No nos han llamado todavía, no somos quienes para dar consejos, sino para trasmitir nuestras experiencias y nuestra inquietudes. Tampoco hace falta esperar a la promulgación de una nueva ley para avanzar en las garantías de autonomía del ministerio fiscal. Se puede hacer desde ya, demostrando con hechos la autonomía de los fiscales, y porqué no, con reformas de nuestro estatuto que avancen en esa autonomía.

¿Fue el control de Anticorrupción la causa de las maniobras que estuvieron detrás de la caída de Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía?

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