miércoles, 10 de mayo de 2017

COMUNICADO UPF SOBRE FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Ante los últimos hechos e informaciones publicadas y tras la celebración del último Consejo Fiscal, la Unión Progresista de Fiscales quiere manifestar: Leer +


 1º. La percepción que ha podido transmitirse de una Fiscalía plegada al servicio de intereses políticos o de los poderosos no se corresponde con la realidad, sino que -más al contrario- avalamos que nuestra institución está integrada por magníficos profesionales que con dignidad, mucho empeño y pocos medios ejercen su función constitucional como servidores públicos en defensa exclusivamente de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.

2º. El actual Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, claramente mejorable y necesitado de reforma, ofrece un marco de autonomía funcional nada desdeñable. Nos corresponde a todos, pero fundamentalmente a quien ocupa las más altas responsabilidades en la Carrera, hacerlo real y efectivo para evitar cualesquiera injerencias externas. El Fiscal General del Estado, los Fiscales Jefes, vocales del Consejo Fiscal y resto de Fiscales debemos ejercer nuestra autonomía en el ámbito de nuestras respectivas responsabilidades de forma motivada y transparente.

3º. Pobre respuesta a lo que estamos viviendo estos días daríamos si nos limitásemos simplemente a denunciar la existencia de filtraciones, a solicitar que éstas se esclarezcan y se ponga fin a las mismas. Por supuesto que debe ponerse coto a aquellas filtraciones que persigan móviles espurios e infrinjan la legalidad pero lo que estamos viviendo es algo de mucho mayor calado. Nos hallamos ante un cuestionamiento de la motivación de los nombramientos habidos en los más altos cargos de nuestra carrera, así como del funcionamiento de una de las piezas claves de nuestra institución como es la Fiscalía Anticorrupción, está en juego un correcto entendimiento del principio de jerarquía del Ministerio Fiscal y, en definitiva, se está poniendo en tela de juicio la autonomía de la institución. En esta situación no se puede mirar a otro lado y eludir la realidad del problema.

Por ello, entendemos que este clima de sospecha generalizada sobre la independencia y autonomía de los fiscales exigía una acción inmediata, contundente y firme del Fiscal General del Estado para recuperar la credibilidad perdida por la institución. Requería fundadas explicaciones del Fiscal General tanto a la opinión pública, como al conjunto de los fiscales que, atónitos, asistimos a un serial informativo que desprestigia nuestro trabajo. Ahora ya no solo exigimos explicaciones, sino que demandamos decisiones, hechos y resoluciones que visualicen esa autonomía y ayuden a recuperar nuestra credibilidad perdida ante la ciudadanía.

4º. La divulgación de una supuesta grabación telefónica en las investigaciones derivadas de la operación “Lezo” -que confirma el rumor transmitido por la UPF al Fiscal General del Estado sobre la preferencia de un determinado fiscal- reabre alguna de las incógnitas que deberán ser explicadas, tanto sobre la idoneidad del candidato -ya marcado por su apariencia de parcialidad-, como sobre la conveniencia de tomar por sí mismo decisiones en el marco de esta misma investigación; y, más aún, con tener prevista una reacción institucional cuando estos hechos fueran conocidos por la opinión pública. Ha fallado el antes, el durante y el después, sobre todo, en la inexistente política de comunicación de la Fiscalía General del Estado.

5º. Las conversaciones telefónicas difundidas implican que no solo los fiscales sino la sociedad en su conjunto nos cuestionemos la motivación de los nombramientos habidos en los cargos de mayor responsabilidad de la Carrera Fiscal. Por ello exigimos fortalecer la autonomía de nuestra institución, reivindicando en consecuencia una baremación de méritos y capacidad, motivación y transparencia para los nombramientos de libre designación, atribución al Ministerio Fiscal de autonomía organizativa y presupuestaria y regulación de la necesaria publicidad y transparencia en las relaciones del Fiscal General y los Fiscales Superiores con los respectivos Gobiernos.

6º. La tensa situación generada por el nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción con los demás integrantes de una Fiscalía que le era del todo ajena cuestiona su idoneidad para continuar en el cargo y, en consecuencia, manifestamos:

  • El principio de dependencia jerárquica por el que se rige el Ministerio Fiscal no debe ser concebido como fundamento para la imposición de criterios individuales o particulares, sino que -conciliado en todo caso con la autonomía y responsabilidad de cada fiscal en los procedimientos que asume- tiene por misión mantener la unidad de actuación de la Fiscalía y corregir posibles errores o excesos.

  • La discrepancia jurídica tutelada en el artículo 27 de nuestro Estatuto Orgánico es un derecho elemental para el ejercicio de nuestra profesión, por lo que apoyamos expresa y públicamente a los compañeros encargados de la operación “Lezo” ante cualquier intento por la jefatura de que se sientan incómodos en la Fiscalía Especial en la que prestan sus servicios como consecuencia de la utilización por su parte del mecanismo de garantía de la discrepancia técnico-jurídica. Consideramos inaceptable que se ejerza presión alguna sobre los fiscales en cualquier caso pero, menos si cabe, cuando activan los mecanismos de disenso estatutariamente establecidos.

  • La prudencia exhibida por los dos anteriores Fiscales Jefes de la Fiscalía Anticorrupción es un atributo indispensable que debe caracterizar el desempeño de un cargo de tamaña trascendencia. Por ello, resultan totalmente desafortunadas e incomprensibles para la ciudadanía y los propios fiscales las apresuradas decisiones adoptadas en el seno de la Fiscalía Especial por el nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción en el marco, además, del actual descrédito mediático de la institución.

Por todo lo expuesto, la Unión Progresista de Fiscales muestra su más firme apoyo a todos nuestros compañeros y compañeras cuyo trabajo y dedicación haya sido cuestionado directa o indirectamente por una errónea concepción del principio de jerarquía. Al mismo tiempo, desde su Secretariado Permanente reclamamos al Fiscal General que, conforme al artículo 41.5 EOMF, proponga al Gobierno de la Nación que remueva o cese al Fiscal Jefe Anticorrupción, quien ha demostrado su falta de idoneidad para dirigir un colectivo profesional como es la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Igualmente, no podemos sino reprobar la intervención hasta la fecha del Fiscal General del Estado, quien ha evidenciado no saber gestionar la compleja y delicada coyuntura en la que los acontecimientos le han colocado, revelando asimismo que su inexperiencia y falta de conocimiento de la Carrera Fiscal nos distancia no solo de una necesaria reforma del proceso penal, sino de lo que es más importante, la confianza de los ciudadanos en el servicio público que presta la Fiscalía.
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