miércoles, 3 de mayo de 2017

LA QUIEBRA DEL ESTADO DE BIENESTAR


La quiebra del Estado de bienestar
24/04/2017 | Antonio Gómez Movellán - http://vientosur.info
El último informe de la OCDE sobre la situación económica y social en España muestra un panorama desolador de la situación socioeconómica para millones de personas en España. Los datos son muy conocidos: desempleo del 19 % y desempleo juvenil del 46 %. Según el informe, España es el país de la OCDE donde más ha aumentado la desigualdad y el segundo de la Unión Europea donde más desigualdad existe. En España, según la OCDE, ha subido la pobreza relativa (personas que viven con menos de la mitad de la renta mediana disponible del conjunto de la población) del 14 % a cerca del 16 %. En pobreza infantil, la tasa española es del 23,4 % frente a una media en la OCDE del 13,3 %. En este informe también se dice que durante este periodo España sufrió recortes muy importantes en el gasto social y que los programas de protección social-se refieren a las rentas mínimas- son insuficientes y no están generalizadas. “La crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad”, dijo el portavoz de la OCDE al presentar el informe. Leer +


España es un país que gasta por debajo de la media de la UE en gasto social: la media está en un 19 % y España gasta un 17 % y los países nórdicos gastan entre un 25 y un 30 %; además hay que tener en cuenta que este gasto es engañoso ya que España es el país con más desempleo de la UE: un 19 % frente a tasas que no llegan a 5 %. Y por tanto una gran parte del gasto social va para cubrir los periodos de desempleo. También en las pensiones estamos muy por debajo de la UE. España gasta un 38 % de todo su gasto social en pensiones. En educación, el gasto también está por debajo de la media de la UE con el 4 % y también en Sanidad estamos por debajo de la media. Y aunque el gasto social en relación al PIB esconde y oculta un gasto poco justificable para contabilizar como gasto social, la realidad es que estas cifras nos aproximan a la realidad.
¿Qué significa el gasto social en España? En primer lugar tenemos el Estado de bienestar: esto es, básicamente, la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda, las pensiones y la protección social por desempleo. Por su puesto que se pueden añadir más cosas: calidad del sistema educativo, calidad de la formación profesional, nivel salarial de los trabajadores y un largo etcétera. En todas esas cosas España es un país medio–bajo dentro de la Unión Europea y esta situación es debida al problema estructural de desempleo masivo que tiene nuestro país. Eso hace que todos nuestros índices se disparen a la baja. Más allá del Estado de Bienestar está la protección social, es decir cuando una persona agota el seguro de desempleo o cuando una persona mayor no puede trabajar y no tiene pensión. Eso son los márgenes de la protección social. En general en los países más desarrollados cuando eso sucede lo que hay es, por diversos caminos, techo y pan. Es decir las administraciones proporcionan una renta de subsistencia y una vivienda si es necesario; a las personas en edad de trabajar ofrecen, también, formación profesional. Realmente esa es la aspiración mínima que debemos tener como sociedad. Pero en nuestro país el sistema de protección social es muy débil y frágil y no está garantizado como derechos.
Por muy pomposamente que las Comunidades Autónomas (CCAA) hablen de rentas mínimas garantizadas la verdad es que no se garantizan esas rentas mínimas. Lo mismo pasa con la ayuda, muy modesta, a la dependencia: tampoco se están garantizando. Es importante, como sociedad, tener la aspiración de la seguridad. Las personas deben saber que si se quedan sin trabajo o si ya no pueden trabajar pueden, al menos, subsistir. Eso no está garantizado en España. Por supuesto algunos podrían decir que pocos países en el mundo garantizan esto. Se equivocan: la mayoría de los países con rentas per capitas por encima de 30 000 dólares lo garantizan de una u otra manera. El informe realizado por Comisiones Obreras, en 2014, sobre la protección social en España refleja asépticamente, cual es la situación en España: “Los instrumentos tradicionales con los que cuenta nuestro sistema de protección social se muestran claramente superados ante la realidad creciente que deben proteger. Son ya 771 000 los hogares, y no dejan de crecer, en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de ingresos salariales (salario, pensión, desempleo, subsidios…); cerca de 2 millones de hogares tienen ingresos per cápita inferiores al 75 % del salario mínimo interprofesional (y en ellos viven un total de 6 millones de personas, de los que casi 2 millones son niños); casi 3 millones de familias reconocen que sufren “privación material severa”; es decir, que no pueden acceder a bienes básicos (como calefacción, alimentos, vivienda…). La desigualdad social crece”.
En nuestro país entre cinco y siete millones de personas deberían estar protegidos socialmente de otra manera a como están. Pongamos el caso de la rentas mínimas garantizadas, aparte de que no están garantizadas, estas rentas mínimas de inserción cubren a poquitísima gente .En el año 2013 las personas beneficiadas fueron 258 000 y la cuantía media fue de 418 euros . Pero lo más curioso es que el programa que suponía, en ese año, 1 041 000,00 euros la mitad era gasto del País Vasco y donde la cuantía de la renta mínima era mucho mayor que en el resto de España. En efecto, en el País Vasco, la nación como menos desempleo de España, en el año 2013, los perceptores de la renta mínima fueron 75 000 personas y la renta mínima se situó en 663 euros; paradójicamente, en Extremadura, la región con más desempleo de España, los perceptores fueron 1 266 personas y la renta mínima 400 euros. La crisis económica ha debilitado nuestro Estado de bienestar y el futuro del mismo es incierto y en cuanto al sistema de protección social para las personas que no tienen nada que era apenas inexistente y que ahora se está convirtiendo en una necesidad para la tan anhelada –por los ricos- estabilidad política y social, es difícil que se pueda reforzar.
Caridad frente a protección social
Y en medio de este turbulento presente, fondos públicos de todas las administraciones se dirigen hacia las iglesias, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales ávidas de fondos para apuntalar el negocio de la caridad. El tener una iglesia católica muy activa en la asistencia social -generalmente utilizando fondos públicos-, empobrece el sistema público de protección social. Cuanta más caridad hay, menos protección social existe. En los intersticios confusos de la asistencia social no reglada es donde se introduce la iglesia. En el siglo XX, al final de la dictadura franquista, la iglesia aún conservaba mucho peso en la educación primaria y secundaria y también en la enseñanza universitaria asimismo mantenía una infraestructura social de hospicios, hospitales, comedores sociales etc., de cierta importancia aunque en declive.
En cuarenta años de democracia las instituciones sociales católicas -la iglesia, sus órdenes religiosas, sus ONGS y fundaciones- han salido reforzadas. El catolicismo, pese a la pérdida de influencia debido al proceso de secularización social, se ha convertido, paradójicamente, en la primera corporación del llamado Tercer sector y en el primer empresario en la enseñanza privada. Se puede dar un dato relevante en este asunto: la asistencia social a ancianos. La iglesia católica y sus geriátricos disponen de más plazas que todo el sector público en conjunto. Y muchas de estas plazas son financiadas por los ayuntamientos, diputaciones o Comunidades Autónomas.
En el capítulo de las ONG, las eclesiásticas copan las subvenciones del Estado, de los ayuntamientos, diputaciones, Comunidades Autónomas y del Fondo Social Europeo. Entidades como CARITAS, Secretariado Gitano, Manos Unidas etc., reciben cantidades impresionantes de dinero público. Y en cuanto a su labor es más que cuestionable. Es difícil hacer una estimación de las subvenciones públicas vinculadas a los servicios sociales que recibe la iglesia católica en España pero seguro que nos sorprendería.
La iglesia Católica suele justificar sus privilegios, por ejemplo del dinero que en España recibe directamente la conferencia episcopal, acudiendo a su obra social. En efecto, la iglesia católica suele esgrimir que su obra social ahorra miles de millones al Estado. En realidad la iglesia católica y sus órdenes religiosas y ONG o fundaciones religiosas han fortalecido de forma impresionante el negocio de la pobreza con un entramado de instituciones que ninguna otra empresa del tercer sector se pueda comparar. Incluso, como ya hemos dicho, rivaliza con el Estado. Veamos este asunto con más detalle. En España hay 359 000 plazas residenciales para ancianos de las cuales 97 000 están en residencias públicas y el resto en residencias privadas. Pues de estas 264 000 plazas privadas más de 150 000 están en instituciones religiosas y, muchas de estas plazas están subvencionadas con fondos públicos; veamos el caso de los niños tutelados: en España hay 21 000 niños tutelados: pues bien cerca de 11 000 lo hacen en residencias gestionadas privadamente y muchas por órdenes religiosas. El 90 % de este negocio es subvencionado por el Estado. En sectores como la comunidades terapéuticas de toxicómanos los proyectos de origen religioso se han hecho ya con este negocio y pasa lo mismo con los proyectos sociales en las prisiones.
Pongamos otro ejemplo que afecta a los ayuntamientos y que ha aumentado mucho con la crisis económica: albergues para los sin techo y comedores sociales para pobres; la mayoría son católicos y muchos reciben subvenciones municipales. Todo ello se hace no solo a través de CARITAS sino a través de un sinfín de ONG y fundaciones y muchos ayuntamientos dan dinero para ello. Un ejemplo reciente en España ha sido el Banco de alimentos, organización más que discutible y con extrañas conexiones a dirigentes de sectas religiosas y a intereses de grandes superficies.
Estas ONG, muchas veces enmascaradas en una gran variedad de personalidades jurídicas, son especialistas en recibir ingentes donaciones y subvenciones públicas. Una de las características de todo esto es la opacidad y oscuridad financiera de las ONG vinculadas a las iglesias e igualmente la gran capacidad que tiene para recibir subvenciones. Adviértase aquí que en uno de los principales escándalos de fraudes de chiringos financieros en España, el famosísimo caso de GESCARTERA, las principales entidades involucradas eran ONGs y órdenes religiosas.
Es cierto que esto solo es posible por una dejación de funciones del Estado de bienestar por parte de las administraciones públicas. Ya que en los últimos tiempos muchísimos servicios sociales se están externalizando en manos de empresas o en manos de ONG e iglesias.
Privatización de la protección social
Desde finales de los noventa los servicios sociales de los ayuntamientos y diputaciones están siendo jibarizados por el denominado tercer sector –la mayoría en manos de la iglesia católica- y las empresas privadas. Servicios como asistencia domiciliaria, albergues para sin techo, drogodependencia, menores, inmigrantes, refugiados, etc., están siendo externalizados a través de contratos públicos o bien se están dando al tercer sector. De los servicios sociales propios y derechos sociales estamos regresando a sistemas de caridad y en todo caso a una mercantilización de los servicios sociales; una tendencia que pareciese sin alternativa. Pongamos un ejemplo: recientemente el ayuntamiento de Barcelona –el de Ada Colau- sacó a concurso el servicio de asistencia domiciliaria por valor de 114 millones de euros. Las empresas ganadoras han sido SACYR con su filiar VALORIZA y CLECE, empresa de limpieza del grupo ACS presidido por el todopoderoso Florentino Pérez. Algunas empresas del Tercer sector han sido eliminadas del concurso por no poder competir con los precios ofertados por estas mega empresas. ASISPA, CLECE, VALORIZA etc., son empresas que se están quedando con una gran parte de los servicios sociales de los ayuntamientos bajo la mirada sospechosa de las medianas empresas y organizaciones del tercer sector.
En realidad, tanto las empresas privadas mercantiles o las empresas del tercer sector, teóricamente no lucrativo, cumplen la misma función: justifican el repliegue de las administraciones públicas hacia el mercado en todo el ámbito de los servicios sociales y la pobreza. Ni la vieja ni la nueva política parecen tener fórmulas para detener esta mercantilización de los servicios sociales. Lo que es evidente es que se está cayendo en una nueva caridad mal organizada financiada con fondos públicos y prestados por CARITAS por CLECE o por el Padre Ángel.
¿Qué se puede hacer para invertir esta tendencia?
Recuperar la idea de la fraternidad y el bien común; la sociedad debe tomar directamente en sus manos la protección social de su ciudadanía y que no hay excusa para que en sociedades tan productivas no se pueda garantizar una subsistencia a las personas sin trabajo o las personas dependientes o a los hogares en situación de precariedad. El concepto guía para la lucha contra la pobreza y la precariedad es el de la solidaridad social que se ejerce a través de la ley y de los derechos y se realizan a través de los servicios públicos, y ello acompañado por propuestas universales de garantía social como la Renta Básica Universal o el trabajo garantizado.
Crear un movimiento social por una renta universal básica con planes de trabajo garantizado es crucial para imponer este debate en la agenda político y social y todo ello debe realizarse al tiempo que se exige el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, contratando masivamente personal especializado y gestionando directamente los servicios sociales y en todo caso desterrando la idea del regreso al estado de beneficencia mediante la caridad o los programas subvencionados del tercer sector.
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