jueves, 25 de mayo de 2017

LO QUE LA UNIÓN EUROPEA RECOMIENDA DE VERDAD A ESPAÑA


Sapere aude

Blog de Alvaro Anchuelo, Catedrático de Economía Aplicada en la URJC


Lo que la Unión Europea recomienda de verdad a España


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La Comisión Europea acaba de publicar las recomendaciones que realiza a España como parte del Semestre Europeo 2017. A menudo, los gobiernos nacionales utilizan a las instituciones europeas como excusa para justificar sus políticas más impopulares. En realidad, las recomendaciones que realizan son, en general, sensatas y nos convendría aplicarlas aunque nadie nos indujese a hacerlo.
Bruselas, por ejemplo, enfatiza la ineficiencia del gasto público de las diferentes administraciones españolas. Un tema prácticamente desaparecido del debate político español, donde la gran cuestión reside en el nivel del gasto público total, no en su composición. Desde este punto de vista, como por lo visto todo el dinero público se dedica a comprar medicinas para los enfermos y a cubrir necesidades similares, cualquier reducción resulta inhumana. En realidad subsisten importantes ineficiencias en el gasto, especialmente en Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Por ello, la Unión Europea anima a que la AIReF complete una revisión exhaustiva de la eficiencia del gasto público en todos los niveles de gobierno. Mejorar los procedimientos de contratación pública, tradicional semillero de corrupción, es otra de sus recomendaciones.
Ese ahorro en gastos ineficientes permitiría fortalecer otros gastos esenciales, como los realizados en  investigación y desarrollo. El esfuerzo investigador en España resulta insuficiente y se encuentra disperso entre niveles de gobierno descoordinados. La Comisión recuerda que los resultados han declinado en este campo y son actualmente inferiores a los alcanzados en 2007, por lo que la distancia respecto a la media de la Unión se ha ampliado.
En otra acertada recomendación, la Comisión señala la necesidad de reforzar la Ley de Unidad de Mercado y de combatir las barreras que dificultan tanto la creación como el posterior aumento de tamaño de las empresas. España sigue siendo un país en el que tienen excesivo peso las Pymes. Algunas de estas barreras, a menudo de origen regional, están poniendo en peligro el desarrollo de nuevas actividades, como las relacionadas con la llamada economía colaborativa.
Entre las recomendaciones europeas más polémicas siempre suelen estar las que tienen que ver con el mercado de trabajo. No obstante, lo que señala la Comisión es esencialmente correcto. España sigue teniendo una tasa de temporalidad muy elevada. La transición desde los contratos temporales a los indefinidos es muy limitada. Este abuso de los contratos temporales de corta duración tiene numerosos efectos perversos, como una menor productividad, peores condiciones laborales y mayores riesgos de pobreza. En consecuencia, el ejecutivo comunitario reclama medidas para impulsar la contratación indefinida y combatir la dualidad laboral, que tanto perjudica a nuestros jóvenes.
El informe recuerda que los costosos incentivos a la contratación no se concentran lo suficiente en fomentar el empleo indefinido. Así mismo, señala la necesidad de reforzar la coordinación entre los diversos servicios de empleo regionales, los servicios sociales y los empleadores, para responder mejor a las necesidades de quienes buscan y ofrecen empleo.
Las disparidades regionales reaparecen de nuevo en el crucial asunto de los sistemas de garantías de ingresos mínimos; las cuantías recibidas y las condiciones de acceso varían mucho entre Comunidades Autónomas, en detrimento de las menos favorecidas (precisamente donde se concentran los problemas).
En cuanto al sistema educativo, en los niveles inferiores se destaca la alta tasa de abandono escolar temprano, que sigue estando entre las más altas de la Unión Europea pese a las mejoras recientes. Más formación para los profesores y el apoyo individualizado a los alumnos ayudarían al éxito educativo. En el nivel universitario, existe un amplio margen de mejora para vincular más el sistema educativo y el mercado laboral. En este ámbito, una vez más las diferencias entre Comunidades Autónomas son considerables. La Comisión subraya también la baja movilidad de alumnos y profesores.
El documento incluye entre los males de la economía española la corrupción; otro acierto, pues se trata de un fenómeno con indudables repercusiones económicas. Dados los numerosos casos que afectan a las administraciones regionales y locales, a la Comisión le sorprende que no se hayan desarrollado estrategias preventivas específicas en esos niveles de gobierno. Además, llama la atención sobre la falta de legislación para proteger a los denunciantes, la falta de independencia de la Oficina de Conflictos de Interés y la todavía defectuosa regulación de los grupos de presión. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita los plazos de instrucción, podría empeorar la situación en los casos más complejos de corrupción, al dificultar la tarea de la acusación.
Globalmente, las medidas que propone  la Comisión Europea (aunque un tanto genéricas) están llenas de sensatez. La agenda política española debería estar dedicada a concretarlas. Por el contrario, la mayoría de estos asuntos tiene relativamente poco peso en el debate político interno. Tal vez debido a que la resolución de la mayoría de estos problemas implicaría reconocer los errores de diseño cometidos en un desordenado proceso de descentralización, tema casi tabú que cada vez resulta más difícil de abordar racionalmente. En cualquier caso, a la vista de sus verdaderas recomendaciones, no parece justo convertir a la Unión Europea en el chivo expiatorio causante de nuestros propios problemas. La Unión Europea de lo que forma parte es de las soluciones.
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