sábado, 20 de mayo de 2017

SERVICIOS PÚBLICOS Y CORRUPCIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS Y CORRUPCIÓN

Que diferente sería este país si los políticos profesionales, o sea los que han hecho de la política su forma de vida, no estuvieran tan ocupados en recibir a sus amigos en los despachos públicos para “advertirles”; si otros no se sorprendieran de ver las manos de su confianza manchadas; si no existieran los que se ajustician entre sí en pueriles batallitas internas, o los que dan lecciones de algo que ellos nunca hicieron, o los que están encantados de haberse conocido. Si todos dejaran sus sesudas ocupaciones para escuchar, no para decir que escuchan, a los ciudadanos. Escuchar las lapidarias palabras de los familiares de las víctimas del Yak 45 dando por concluida su lucha, una vez que Defensa ha admitido que el siniestro se pudo evitar. Escuchar ese clamor que debería estar en el frontispicio del Congreso de los Diputados y en la entrada del Palacio de la Moncloa: “Hay que decirle a toda España que la corrupción mata y la Administración ha de velar por sus ciudadanos y estos denunciar lo que está mal”. Leer +


Visto lo visto no hace falta encontrar nexo causal entre los muertos (los damnificados) y el acto de corrupción. Fueron víctimas de la corrupción los más de 1.000 fallecidos y los miles de afectados por el síndrome tóxico del aceite de colza donde la falta de controles sanitarios, la permisividad de la venta callejera, la laxitud de una Administración y un deficiente funcionamiento de los servicios públicos, “asesinaron” a aquellas personas; era la corrupción de los años 80 y las prácticas del tardo franquismo. Ahora son las de la democracia madura de la política espectáculo con su vertiente inmoral más consolidada. Catorce años han tenido que esperar los familiares del Yak 45 para que se reconociera la responsabilidad pública, y no nos engañemos, se ha producido por estar el PP en minoría parlamentaria si no, ¡¿de dónde?!
Evidentemente nada es blanco ni negro, pero si los servicios públicos hubieran funcionado correctamente cuando el naufragio del Prestigie, las costas hubieran estado menos negras y el daño ecológico y económico habría sido mucho menor. Los servicios públicos si no funcionan correctamente no es por un problema de ineptitud de sus operantes, sino por una falta de dotación de recursos para una gestión eficiente. Es sangrante comprobar que la escasez consustancial es acrecentada por la acción de mangantes.
La no amortización de plazas de servidores públicos jubilados ha producido un déficit de 300.000 puestos de trabajo en el sector público desde 2011, en consecuencia se han envejecido las plantillas con lo que esto conlleva de desmotivación y dificultades de adaptación a nuevas realidades. El 63% de los empleados públicos tienen más de 50 años, de estos más de 250.000 están a punto de dejar la vida laboral activa. La EPA evidencia que el sector público destruyó el pasado año cerca de 15.000 empleos. Así mismo la interinidad no es una excepcionalidad, es la regla (35% en el Sistema Nacional de Salud, 25% de los enseñantes en primaria y secundaria). Según fuentes sindicales en el sector público el 25% es interino. La Administración General del Estado ha perdido un 11,5% de servidores por un 15% la local y un 3,7% en las CCAA. Si hablamos de la merma en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hay casi una pérdida de 15.000 funcionarios en 5 años. Es casi milagroso que a pesar de ello la criminalidad no haya crecido en España, tal vez porque camina cada vez más por moqueta.
En este contexto parece sorprendernos que las universidades privadas crezcan más en relación con las públicas, pues aunque busquemos explicaciones el tema está en que los precios en la pública han aumentado, el servicio se ha mermado y las facilidades para obtención de una titulación son mayores en los centros privados donde el control público brilla por su ausencia.
Estos días estamos contemplando cómo una institución esencial para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho como es la Fiscalía, está siendo ultrajada por los ajustes de cuentas políticas queriendo desprestigiar a sus profesionales. No es por tanto extraño que el servicio público de la Justicia, en los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, sea el peor valorado en las encuestas de satisfacción ciudadana. La falta de dotación de medios humanos y materiales y la utilización constante de la Administración de Justicia está detrás de este deterioro de la imagen. En estos informes se comprueba, como año tras año, los ciudadanos suspenden en calidad a la mayoría de los servicios públicos y muestran su insatisfacción ante los mismos.
La pérdida progresiva de calidad de los servicios públicos tiene que ver con los fondos públicos que han ido a parar a las arcas partidarias, a gobernantes felones y a engrosar sobrecostes para beneficiar a empresarios amigos. Ello sitúa a nuestro sistema de gestión pública en un camino de perdición incrementando sus déficits por una alta tasa de fraude fiscal y economía sumergida. Es la pizarra en la que una sociedad escribe lo que quiere ser. Si a los ciudadanos no les parecen condenables ciertas actitudes relacionadas con su fiscalidad, economía o deterioro de los servicios públicos es que esta sociedad está optando por un modelo de convivencia que se irá deteriorando progresivamente hasta que sus consecuencias empiecen a afectar a la mayoría de la población en su sanidad, seguridad, educación, etc. Cuando una sociedad, por el contrario, percibe que este tipo de comportamientos le puede perjudicar gravemente y no solo los condena, sino que incluso colabora en su persecución es cuando se solidifica su convivencia y asegura su progreso.
Rebelarse para que la corrupción no nos vaya matando poco a poco, es la cuestión.
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