viernes, 9 de junio de 2017

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA DEMOCRACIA EN PELIGRO


En el andén

Blog de Melchor Miralles en Republica.com

La lucha contra la corrupción y la democracia en peligro


Corrupción ha habido mucha. Desde hace mucho tiempo. Amparada, auspiciada, bendecida y protegida por todos los partidos políticos que han tocado poder en el ámbito municipal, autonómico o nacional. Buena parte de los capos de las grandes compañías han sido cómplices, corruptores, y se han visto beneficiados por ella. Han conformado un gang, un grupo cerrado, pequeño, un selecto club de delincuentes inmorales que han hecho y desecho a su antojo, controlando la vida y la hacienda de todos. No más de quince personas, empresarios de postín, altos cargos institucionales y dirigentes de partidos políticos se lo han montado, lo han controlado todo, han robado lo que no está escrito y encima, socialmente, han impuesto sus códigos, y pasan por ser gente respetable, Y como durante los años de la burbuja al personal le iba bien, se ha tragado con todo. Y quienes manejaban el cotarro incubando el desastre han orquestado la degeneración del sistema, y todo se va a ir al garete. Leer +


La Fiscalía General del Estado padece un descrédito quizá insuperable. Desde el inefable Leopoldo Torres a Maza, pasando por Eligio Hernández, Moscoso, Conde Pumpido y compañía, la institución padece un descrédito quizá insuperable. Hay que derribar el edificio y construir uno nuevo. Los cimientos no se sostienen. Lo de Moix es una más, que se veía venir. Hay un control de los políticos de turno insoportable, que ejercen a partir del principio de jerarquía y unidad de acción. Y cómo se les ha otorgado más poder con las reformas, están a hostias entre ellos, y a hostias con el adversario político de sus jefes, y por el camino revientan las costuras de un sistema de garantías que es el deseable, pero con independencia. Se han creído que estaban por encima del bien y del mal, han hecho algunas investigaciones de éxito, claro, sólo faltaría, pero la lista de víctimas de sus cacerías políticas es también extensa.
Soy un convencido de que la responsabilidad de dirigir los procesos penales no debe ser sustraída a los jueces. El proceso penal y la política criminal son uno de los termómetros esenciales de la salud democrática de un estado de Derecho, y el nuestro está fallando de modo estrepitoso. Porque no funciona la arquitectura del procedimiento, se han hecho inventos pretendidamente progresistas que han afectado a lo esencial y en aras de una supuesta lucha contra la corrupción se han posibilitado excesos, errores, ajustes de cuentas políticos y cacerías inmorales en las que se han llevado por delante las garantías de los justiciables, de todos los colores.
Podemos empezar por la moda de los secretos de sumario, que solo pueden ser aceptados en asuntos del todo excepcionales, absolutamente tasados en el tiempo, plenamente justificados. La realidad es que se está abusando de decretar secretas causas que no lo merecen, por tiempo notoriamente excesivo, y por el camino se están llevando por delante el esencial derecho de defensa, y las consecuencias ya las hemos visto, y lo que nos queda por ver. Como sucede con los macro sumarios que se incoan a partir de grandes operaciones policiales de nombres exóticos y a veces patéticos, muchos de los cuales terminan con sentencias de primera instancia difícilmente sostenibles en las casaciones o en estruendosos fracasos en el primer fallo, que posibilitan que los responsables de graves delitos se vayan de rositas por una instrucción deficiente de las causas.
Y qué decir del inusitado poder que se le han otorgado a algunas unidades policiales, como por ejemplo la UCO de plena actualidad. Las batallas internas de los partidos también llegan a la Policía y la Guardia Civil, como a los jueces y fiscales, y hemos asistido a operaciones descabelladas, insólitas. Y cada día conocemos informes en los que se mezclan verdades con mentiras, pruebas con indicios, todo ello salpicado de valoraciones jurídicas que les son ajenas a los cuerpos policiales, porque solo competen a los jueces. ¿A cuento de qué un policía o un guardia civil ha de entrar en si alguien ha de ser imputado o no, o ha de calificar jurídicamente unos hechos? Los responsables policiales, que también abusan con frecuencia de su autoridad con los detenidos, solo han de investigar, constatar y buscar pruebas de los hechos delictivos, y poner a los presuntos responsables, junto a las pruebas obtenidas, a disposición de la autoridad judicial, y ahí termina su trabajo. Hoy no sucede así. Hay atestados e informes policiales que parecen sentencias, se incluyen en los mismos hechos sin prueba alguna, se omiten informaciones relevantes porque no conviene a los jefes que están al servicio de políticos y muchas veces, antes de ser entregados a los juzgados, que tienen decretado por supuesto el secreto del sumario, se lo facilitan a periodistas de la cuerda del jefe, y a quien Dios se la dé, San Pedro y las televisiones del duopolio se la bendigan.
El Estado de Derecho se resiente, la división de poderes es una quimera y la lucha contra la corrupción es corrupta hasta las cachas. Vivimos una deriva más que preocupante, y entre tanto, los máximos responsables de este desaguisado siguen en sus puestos, siguen en la mamandurria, siguen controlando el cotarro y la democracia se va al garete. Y ojo, que el problema no es el sistema. No se ha inventado uno mejor. El problema está en quienes han pervertido el sistema, se han apropiado del poder, lo manejan a su antojo y no lo sueltan ni pa dios.
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