sábado, 3 de junio de 2017

MOIX, HUNDIDO, MAZA Y CATALÁ, TOCADOS


¡Viva la Pepa!

Blog de José Oneto. Consejero editorial del diario de internet Republica.com

Moix, hundido, Maza y Catalá, tocados


El ministro portavoz del gobierno Íñigo Méndez Vigo, tras la referencia oficial del Consejo de Ministros, se ha visto obligado a apoyar este viernes a su colega, el ministro de Justicia Rafael Catalá, asegurando además  que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el Ejecutivo respaldan “rotundamente” al ministro.
Frente a las informaciones publicadas hoy (chismes le llamaría el presidente del Gobierno), en el sentido de que un sector del Gobierno culparía a Catalá de ser el responsable del fiasco Moix, al forzar su nombramiento en contra del criterio de la ex Fiscal General del Estado Consuelo Madrigal, que fue sustituida por José Manuel Maza, para permitir el ascenso de Moix, el ministro no ha querido entrar en más detalles. Y, sobre todo no ha querido contestar a la pregunta de si al Gobierno le parecía normal que el señor Moix tenga una sociedad offshore en Panamá  Leer +


Ese es el parecer del Fiscal General del Estado que al explicar la dimisión de Moix como fiscal anticorrupción por “motivos personales”, le pareció perfectamente normal y legal, la posesión de una cuarta parte de esa sociedad en un paraíso fiscal, que Moix no lo haya puesto en conocimiento de la carrera por si había algún tipo de incompatibilidad con el Estatuto de la Fiscalía, y que no le hubiese informado de su situación en el momento que le propuso para el cargo de fiscal anticorrupción. Para el Fiscal General del Estado José Manuel Maza, no había nada anormal en todo ese proceso y presento la trayectoria del fiscal anticorrupción casi como un candidato a la concesión de la Medalla Carlos III, la máxima condecoración civil, y no a lo que ha sido: Un cese-dimisión, al perder la confianza del Gobierno que le ha dejado caer.
Con esta fórmula se ha sorteado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el instrumento previsto para apartar de su cargo al Fiscal Jefe, que hubiera sido la apertura de un expediente de remoción y la consulta del Fiscal General del Estado, sin efecto vinculante, al Consejo Fiscal. De esta forma, la nueva política del Ministerio de Justicia de tener un mayor control sobre los casos de corrupción, ha recibido un duro golpe, Tan duro que ha caído Moix  y han quedado seriamente tocados Maza y el ministro Catalá.
La filtración de que Moix tiene, junto con sus cuatro hermanos una empresa offshore en el paraíso fiscal de Panamá de nombre Duchesse Financial Overseas, sorprendente para quien tiene que luchar contra la corrupción; el hecho de que no lo declarase en la Fiscalía, ni diese cuenta a su superior jerárquico el Fiscal General del Estado de algo impresentable desde la ética y la estética; el hecho de que haya estado mintiendo, afirmando de que se entera de la empresa de Panamá, que hereda de sus padres en el momento de la muerte de su padre, cuando en realidad, conocía de su existencia, según Infolibre, desde hacía diez años cuando ayudó a su padre en un pleito de alzamiento de bienes y salió a relucir la empresa panameña de la familia, y la retirada de apoyo de todas las asociaciones de fiscales, incluida la que apoyó su nombramiento, desembocaban este Jueves en su salida de un puesto para el que nunca debió ser nombrado y que seguirá teniendo consecuencias políticas.
Por lo pronto, una encuesta elaborada días antes de la caída de Moix por Metroscopia para El Pais arroja unos datos aterradores: el 67% de los ciudadanos considera que los fiscales anticorrupción no pueden actuar con total libertad. El 84% de los entrevistados tiene, además, la impresión de que los jueces reciben presiones para condicionar su actuación en los casos de corrupción. Una mayoría aplastante (82%) está de acuerdo con la idea de que los miembros de los partidos prefieren no darse por enterados de las prácticas ilegales “para no meterse en líos” ni “crear problemas” a sus formaciones. Esta sensación también es muy mayoritaria (72%) entre los votantes del PP, el partido estatal más afectado por los escándalos, y se dispara (87%) entre los partidarios del PSOE.
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