sábado, 10 de junio de 2017

UN INFORME REVELA QUE 259 PERSONAS FUERON OBJETOS DE MALOS TRATOS Y TORTURA EN 2016

Un Informe revela que 259 personas fueron objetos de malos tratos y tortura en 2016


Por decimotercer año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), integrada por 47 entidades de defensa de los Derechos Humanos del Estado español, presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia. Este año queremos destacar el incremento de personas migrantes afectadas, especialmente por los malos tratos con los que se respondió a las protestas de las personas privadas de libertad en los CIE. Leer +

Como en ediciones anteriores la presentación ha tenido lugar en primer lugar, haciendo un análisis cuantitativo de las situaciones en las que se produjo algún tipo de violencia institucional sobre personas bajo custodia de los funcionarios de seguridad pública (en comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Este análisis de los datos se ha desarrollado según el territorio en el que se produjeron los hechos, siendo Madrid, Ceuta y Catalunya los tres territorios que han recopilado más denuncias (afectando a 71, 59 y 41 personas respectivamente).

A continuación, se han analizado los datos según las características de las personas agredidas y, en este ámbito, dos colectivos especialmente afectados: las personas migrantes (147) y personas presas (50). Se continua con la descripción del cuerpo funcionarial denunciado por haber cometido las agresiones, se destacan, según los datos la Policía Nacional (denunciada por 103 personas), la Guardia Civil (denunciada por 69 personas) y funcionariado de prisiones (50 personas).

Posteriormente y tras analizar los datos conocidos, se ha pasado a presentar un estudio cualitativo, de una forma más detallada, de algunas situaciones específicas que, según ha destacado la CPDT, generan especial preocupación, a través de diversos artículos.

El primero, realizado por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ), se titula “Investigación Judicial de las muertes bajo custodia. Un vistazo práctico a algunos obstáculos estructurales para la investigación eficaz” y en él se analiza, desde la presentación de dos casos prácticos, las dificultades que afrontan los equipos jurídicos que tratan de llevar adelante las denuncias que las familias de las personas fallecidas bajo custodia del Estado español interponen para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las posibles responsabilidades penales y/o civiles.

El segundo artículo, realizado por la Asociación SalHaketa Bizkaia, también se preocupa de las muertes bajo custodia, pero en un espacio más concreto (los centros penitenciarios del Estado español). El artículo se titula: “Un análisis cuantitativo y una valoración sociopolítica de las muertes en las prisiones del Estado español (2006-2016)”, y como se indica, pretende hacer una valoración sociopolítica de las implicaciones del elevado número de fallecimientos en las cárceles del Estado a través del análisis de los datos oficiales conocidos en los últimos once años.

El tercer artículo, escrito por SIRA-Grupo de Acción Comunitaria, se titula “El deber de investigar las alegaciones de malos tratos y torturas ¿Un cambio jurisprudencial con la STS 620/2016 de 12 de julio?” y analiza una reciente Sentencia del Tribunal Supremo que traslada a la jurisprudencia española algunas de las cuestiones planteadas por varias sentencias del Tribunal Europeo de DDHH de Estrasburgo. La cuestión a debate es si la traslación de la jurisprudencia europea es total, parcial o, lo que es más importante, realmente eficaz a la hora de garantizar la correcta investigación de las denuncias.

El cuarto estudio, presentado por la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CCPDT), se titula “El camino en la lucha por la erradicación de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado en Cataluña”, donde partiendo del principio de que el aislamiento penitenciario puede constituir por sí mismo una forma de maltrato, se resumen los esfuerzos de la CCPDT por investigar la realidad del aislamiento penitenciario en las cárceles catalanas así como el esfuerzo por conseguir la abolición de este régimen penitenciario a través, entre otras estrategias, de la constitución de un Grupo de Trabajo sobre los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado en el Parlament de Catalunya.

El quinto trabajo, realizado por el Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura (CDDT), se titula “Orígenes de la prevención de la tortura” y pretende hacer un análisis tanto de las ideas básicas sobre la prevención de la tortura, como de las dificultades que esta debe afrontar en unas sociedades donde esta práctica se ve, cada vez más, socialmente justificada y culturalmente aceptada.

El sexto y último, un escrito de Jaiki Hadi, se titula “La dimensión psicosocial de la tortura” y plantea la necesidad, desde una visión humanista, de trabajar la solidaridad con las personas que han sufrido la tortura desde la filosofía de la recuperación que permite la visión psicosocial, complementando y trascendiendo los habituales abordajes jurídicos.

A través de estos artículos, con los que completamos el análisis de los datos sobre denuncias enunciados en la primera parte del informe, pretendemos dar una perspectiva más cualitativa a los datos cuantitativos y su análisis, tras haber presentado esta perspectiva en la primera parte del informe sobre la tortura y los malos tratos en el Estado español durante el año 2016.
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