jueves, 27 de julio de 2017

MAS DE 13000 SUICIDIOS IMPUTABLES AL TERRORISMO FINANCIERO DE 2008 A 2015

Mas de 13000 suicidios imputables al terrorismo financiero de 2008 a 2015

20170727 CONGRERSO DIPUTADOSRED
La Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca PAH-Madrid, inscrita en el Registro de Asociaciones de la CAM, Sección primera, nº 34128, con domicilio a efectos de notificación en calle Francisco Silvela, 13, Centro Lista, 28028, Madrid.  Teléfono 619267333, Mail afectadosporlahipotecamadrid@gmail.com,
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El 27 de Julio de 2017 nos concentramos, de 11,30 a 14 horas,  frente al Congreso de los Diputados en memoria de los más de 13300 ciudadanos que, entre 2008 y 2015,  optaron por el suicidio a causa del terrorismo financiero existente en este país.
La banda mafiosa ETA, en sus cuarenta años de existencia criminal, asesino a 836 personas. El terrorismo financiero ha acabado con la vida de 1662 por año. Miles de vidas truncadas por males y enfermedades sobrevenidos por estos vía crucis. Familias que carecen de esperanza laboral.  A las que las deudas les aplastan. A las que el terror derivado del hacer judicial a instancias de las entidades financieras, responsables de la crisis, les persigue durante años. Sin una  respuesta eficaz de los partidos y sus dirigentes, más atentos a su mutua protección en el teatro mediático en el que representan sus papeles.
Frente al Congreso hoy extendemos un gran crespón negro en recuerdo de estas víctimas, sus familias y las que pueden estar en riesgo de  estas circunstancias todavía por mucho tiempo. Esperamos que los dirigentes y representantes de los partidos tengan el coraje de no negar esta realidad y muestren su solidaridad con estas víctimas en esta fecha.
Desde 2008 cerca de setecientas mil familias han sido ejecutadas hipotecariamente por las entidades financieras, con la colaboración imprescindible de los órganos reguladores y una perversa praxis judicial de terroríficas consecuencias. Decenas de miles de familias tras perder sus viviendas no pueden pagar los alquileres y se ven en la necesidad de ocupar viviendas vacías, de las que son expulsados un y otra vez.   Desde la verdad de lo ocurrido, la justicia ha de actuar haciendo pagar a los responsables el daño causado, y entre todos conseguir medidas que eviten que esto pueda volver a repetirse. No podemos ganar el futuro si no se depuran las responsabilidades presentes y pasadas por estos atropellos, convertidos en algunos casos en flagrantes delitos contra la sociedad.
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De los grupos políticos esperamos un  posicionamiento político activo, desde sus competencias y responsabilidades, sobre las siguientes cuestiones:
Que se investigue, política y judicialmente, la estafa hipotecaria con todas sus variantes financieras. El rescate bancario y operaciones anexas,  pese a lo publicado, superan los cuatrocientos mil millones de euros. A lo que se ha añadir todo lo que oculta la estafa de las titulizaciones hipotecarias y de otros activos.
Que de forma inmediata se cumpla la jurisprudencia europea en todos sus términos,  lo que obliga la legislación española,  lo que implica el archivo de los procedimientos hipotecarios en marcha y la no admisión a trámite de nuevas ejecuciones amparadas en clausulas abusivas.
Que las fiscalías actúen de forma inmediata contra los que participen en el ordenamiento y realización de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, toda vez que  están basadas en la  aplicación ilegítima de una clausula abusiva, la reclamación de la totalidad del capital concedido, aunque no estuviera vencido.
Que se legisle sobre la reestructuración de  las deudas hipotecarias poniendo en relación lo pagado, lo pendiente y el valor actualizado de la garantía. De modo que la resultante en cuanto a las cuotas a pagar sea proporcional a las rentas familiares.
Que se instrumente un mecanismo eficaz en defensa de los derechos de los ilegítimamente ejecutados, para que puedan, de alguna forma, recuperar su vivienda o, al menos, conseguir la indemnización que en justicia corresponda. Para lo cual los Presupuestos del Estado debieran prever la partida correspondiente.
Que las familias acogidas en su momento a una dación en pago, y posteriormente  cobijados bajo el régimen de alquiler cedido por las entidades que les quitaron la vivienda, puedan hacer valer lo pagado en el proceso de recuperación de dicho inmueble. Desde la relación directa de lo pagado en su día, del valor actualizado de la garantía que les ejecutaron y lo abonado en concepto de alquiler hasta la fecha.
Que los afectados acogidos al régimen de alquiler, de las entidades financieras, puedan seguir en el mismo voluntariamente, de forma vitalicia, con una renta ajustada a los ingresos familiares.
Que se legisle la extensión en el mismo sentido de lo expuesto para los autónomos y pequeños empresarios afectados por las ejecuciones hipotecarias sobre sus viviendas que avalaban la financiación de sus actividades profesionales.

Madrid, a 25 de julio de 2017.
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