miércoles, 5 de julio de 2017

MUCHOS LORQUINOS ESTÁN RECIBIENDO NOTIFICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE DEVUELVAN LAS AYUDAS POR EL TERREMOTO

MUCHOS LORQUINOS ESTÁN RECIBIENDO NOTIFICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL PARA QUE DEVUELVAN LAS AYUDAS POR EL TERREMOTO

IU-V ha pedido una reunión extraordinaria y urgente a la concejalía del terremoto para dar una solución a estos ciudadanos a quienes se piden justificaciones 5 años después de recibida la ayuda
La Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia, a través de su Servicio de Inspecciones y Sanciones, está remitiendo cartas a muchos ciudadanos de Lorca que hace cinco años fueron beneficiarios de ayudas concedidas por la Comunidad Autónoma para la reparación de sus viviendas.
Esta mañana el Portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes, Pedro Sosa, comparecía ante los medios de comunicación para analizar este asunto y exigir la implicación del Ayuntamiento ante un tema que preocupa a centenares de familias en Lorca. Leer +

Aunque la casuística es muy amplia, sostiene el concejal de IU-V, se trata fundamentalmente de personas que o no disponían de seguro privado en su vivienda, o tenían un infraseguro, o sólo recibieron una pequeña cantidad en concepto de indemnización del Consorcio de Compensación por el seguro de su comunidad de vecinos.
Quienes estaban en esa situación demandaron ayudas a la Comunidad Autónoma, y ésta, cinco años después, les exige no sólo que aporten facturas y justifiquen los pagos realizados a través de la ayuda (o subvención de la CARM), lo que en muchos casos ya han hecho, sino que también hagan otro tanto con relación a las indemnizaciones del consorcio de compensación de seguros.
Según Sosa, desde el primer momento se afirmó que las indemnizaciones del Consorcio, en tanto que traían causa del pago de un seguro privado, no tendrían que ser justificadas ante ningún organismo público, pero ahora el gobierno regional las está exigiendo en los supuestos apuntados. Lo hace además, en algunos casos, cuando sus técnicos han girado visitas a las viviendas reparadas hasta en dos ocasiones: para comprobar los daños en un primer momento, y para comprobar la efectiva realización de las obras pasado el tiempo.
El concejal de IU-V afirma que en algunos casos se exige justificación de varios miles de euros a personas que ya no disponen, cinco años después, de ninguna factura y mucho menos de justificantes de pago, por lo que, de no adoptar urgentemente una solución política, muchas familias de Lorca se verán obligadas a devolver las ayudas.
Pedro Sosa reprocha a las administraciones públicas que tras los terremotos, y con dos importantes procesos electorales por delante, las municipales y las generales del año 2011, los gobernantes estableciesen un sistema de ayudas urgentes sin ningún tipo de control ni planificación, mandando cartas firmadas por políticos a los damnificados concediendo graciosamente subvenciones a todo el mundo y no estableciendo con claridad y precisión los mecanismos de control y supervisión posteriores, ni cómo resolver el solapamiento de las ayudas del gobierno con las indemnizaciones del consorcio. Ahora,  cinco años después, sostiene el concejal, cuando no hay elecciones a la vista, y cuando está a punto de prescribir el plazo que la administración tiene para exigir a los ciudadanos el reintegro de ingresos indebidos, las cartas reclamando las devoluciones ya no las firman y mandan los políticos, sino los funcionarios.
Así las cosas, el Concejal de IU-V planteó hace ya medio mes a la Concejala del gobierno local del PP competente en estos asuntos, que se realizase una reunión urgente para estudiar este tema y dar una solución a estos ciudadanos. Sosa afirma que la concejala Saturnina Martínez le mostró su preocupación por estas cartas, pero pasan los días, se agotan los plazos para que los afectados presenten sus oportunos recursos y el gobierno local del PP no mueve un papel y deja colgados a decenas, cuando no centenares de lorquinos que van a tener muy difícil poder devolver lo que cinco años después les exigen que justifiquen.

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